D. Iñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias:
Acabo
de leer una entrevista suya sobre la reforma de la Administración local
en la que dice que “lo importante no es la entidad territorial en sí
sino cómo presta los servicios y si puede ser más eficiente y evitar
duplicidades. Si hay una fusión voluntaria, bienvenida sea, pero imponer
la supresión o fusión de municipios no es la vía para conseguir los
objetivos”.
Parece que del inicio de su frase se desprende que una
fórmula para conseguir ser más eficiente es la fusión de municipios,
pero luego la descarta si no es voluntaria.
Como usted reconoce en
esa misma entrevista sólo hay una única fusión voluntaria en marcha, que
está en Galicia, y me gustaría recordarle que la anterior fue hace más
de 40 años, por lo que no parece el procedimiento idóneo para alcanzar
esos principios de eficiencia a corto plazo.
Además, sólo tenemos
que mirar a nuestros vecinos y ver cómo Francia, que también cuenta con
un sistema local muy atomizado, intentó en 1971 las fusiones voluntarias
incentivadas sin ningún éxito, mientras que el resto de Europa las
acometió de forma forzosa, destacando, como no, Alemania, que hizo una
profunda reforma entre 1960 y 1978 en la entonces República Federal,
pasando de 24.371 municipios (de los que 10.760 tenían menos de 500
habitantes) a 8.514, con una población media de entre 5.000 y 6.000
habitantes. Esta reforma fue promovida por los Länders, al contrario de
lo que están haciendo nuestras comunidades autónomas.
Tampoco las
fusiones obligatorias son ajenas a nuestra historia reciente. Entre
mediados del siglo XIX y del XX se redujeron un 30% los ayuntamientos
españoles.
En España hay 8.117 ayuntamientos, de los que 3.787 no
llegan a 500 habitantes y 1.135 ni a 100, muchos de los cuales ni
siquiera pueden mantener abierta la casa consistorial como para
hablarles de efectividad en la prestación de servicios, y menos aún de
duplicidades.
Y como sabe tenemos dos sistemas locales distintos: el
que gira en torno al territorio, de forma que un ayuntamiento gobierna
varios núcleos de población (lo más parecido al resultado de una
fusión), teniendo su máxima expresión en Galicia, con 315 ayuntamientos
para 29.000 núcleos; y el que gira en torno a la población, de forma que
un núcleo suele ser un ayuntamiento, destacando Castilla y León con
2.248 de los que casi 2.000 no llegan a 1.000 habitantes y 3 de cada 4
están entre 100 y 500.
Pues bien, ante el reto del nuevo diseño de
nuestra Administración local ¿con qué sistema nos quedamos?, porque los
dos son antagónicos. O reducimos (fusionándolos) los ayuntamientos
castellano leoneses en unos 1.800 o segregamos los gallegos hasta
29.000. Le voy a dar un dato muy ilustrativo: yo soy secretario en un
pequeño ayuntamiento de Ourense con 36 pueblos y un alto nivel de
prestación de servicios, que si estuviera, por ejemplo, en Soria, serían
36 entidades entre ayuntamientos y juntas vecinales sin posibilidad de
prestar prácticamente ninguno de esos servicios a sus vecinos. Parece
que la opción es clara.
Yo promuevo la fusión ordenada, pero forzosa
porque creo que es la única viable, de los municipios, e incluso voy a
defenderla en un Congreso Internacional sobre Gobernanza y Asuntos
Públicos que se celebrará en Madrid del 3 al 5 de julio con la
asistencia de representantes de 17 países de 4 continentes al que le
invito a asistir y en el que me gustaría confrontar con usted estas
ideas.
Comentario:
Martin Sainz-Trápaga
Las actuales
"orientaciones de la política nacional", al menos hasta ahora, no
habla aún de la necesaria Racionalización de la estructura municipal, ni de la
necesaria Agrupación Territorial por Prestación de Servicios, ni de la revisión
de los Ámbitos Comarcales/Territoriales y el papel de las Diputaciones.
Tampoco han llegado a la
conclusión de que Rentabilizar la Provisión de los Servicios Municipales no es
más que un paso en el concepto de Eficiencia, (Aunque uno pueda permitirse dar
el Servicio, no supone esto que sea necesario, ni que no sea derroche, ni que
el ámbito no deba traspasar el territorio pre-asignado para compensar otros
déficit en el área de posible influencia). Ni de la despolitización de los
cuadros de intermediación técnicos de lo que mejor no hablamos.
No se trata de apoyar
voluntarismos por parte de las mancomunidades o municipios, se trata de una
imperativa regulación de la necesaria reducción/simplificación de la estructura
territorial político-administrativa para acercarse a un funcionamiento
equilibrado en personal, disposición de medios, racionalización de servicios,
costes y estrategias".
Martin Sainz-Trápaga
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