LA DESFUNCIONARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Febrero 2013

LA DESFUNCIONARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Llevamos ya varios meses sumidos en una artificial polémica sobre la privatización de la prestación sanitaria universal, tal y como nuestra Constitución garantiza desde su promulgación. Diversas organizaciones actúan interesadas, fomentando movilizaciones desestabilizadoras y promoviendo el desconcierto y el malestar social. Provocando, con la defensa de intereses espurios e sectareos, los consiguientes daños económicos a un “Estado del Bienestar”, ya de por si en la actual tesitura económica, resentido y enervando a una sociedad descontenta y lamentablemente empobrecida.

Confundir los servicios sanitarios con las garantías de asistencia sanitaria, se corresponde más con un uso interesado de dicha terminología con el afán de confundir, que con el hecho en sí, pues la garantía asistencial ante la necesidad de acudir y ser tratado de cualquier tipo de dolencia o consulta medico-profesional, es inequívocamente un derecho real en nuestra nación, garantizado para todos los españoles, y por extensión y de acuerdo con los tratados internacionales suscritos, para numerosos colectivos extranjeros.

Muchos de los servicios complementarios a la actividad sanitaria pública, erróneamente e incluso malintencionadamente, pretenden ser englobados bajo la misma garantía Constitucional que con la asistencia sanitaria. La mayor parte de ellos, responden a necesidades funcionales que cualquier otro tipo de servicio, no necesariamente de titularidad estatal, precisa para su prestación. Otros, se corresponden con asistencias complementarias o servicios independientes, que dotan a los centros proveedores del objeto fundamental de la prestación, de un mayor confort, o incluso suponen servicios accesorios cuestionables, cuyos consumos de funcionamiento, se suman al hecho principal. Debemos entender que público es cualquier servicio a la ciudadanía, de acceso universal en mayor o menor escala, pero sin necesitar para su prestación la titularidad pública o estatal.

Esta argumentación podríamos y deberíamos aplicarla a muchos otros servicios o prestaciones, que hasta la fecha provee la administración central o las comunidades autónomas y cuya gestión o ejecución directa no queda claramente justificada.

Desde hace muchos años, por coherencia administrativa y económica, hemos aprendido que si bien los funcionarios incorporan a la organización del estado y a las autonomías de un valor particular y especializado, de ahí la necesidad de los diversos filtros para su contratación y promoción, el desempeño de labores y funciones comunes con otras muchas actividades del sector privado o general para la realización de trabajos puntuales bajo demanda, no necesitan de esa calificación del trabajador bajo epígrafe o segmento laboral de “protección oficial”. La liberalización de la gestión de servicios y procedimientos, su externalización, dinamiza, moderniza, economiza y enriquece el tejido empresarial de nuestro País.

El exceso de control, su burocratización, la normalización bajo estructuras funcionariales, perjudican la atención, la ralentizan y envejecen, despersonalizando el servicio e incurriendo en enormes costes estructurales y otros vicios contables, al no considerar como principios fundamentales, la competencia, la eficiencia y la maximización de recursos y costes en la buena práctica, acercándose más a criterios “políticamente correctos” que profesionales.

La Nación debe ser garante de los servicios y derechos a sus ciudadanos que en su Carta Magna define, y de todos aquellos otros, que englobados bajo el título de “Estado de Bienestar” y en la medida y posibilidades que la coyuntura económica del momento predispongan provee; Evidentemente, bajo criterios de sostenibilidad, equilibrio presupuestario e integridad emocional y moral de nuestros dirigentes.

Ser garante de los servicios del “Estado de Bienestar”, no implica ser prestatario de los mismos, y mucho menos en un estado democrático occidental entrar en competencia con los intereses privados, colectivos o individuales, ni suplantar a los diversos agentes económicos de La Nación.

Ser garante de los servicios del Estado de Bienestar, supone asumir el gasto económico de dichos servicios, delegando en los mejores gestores y profesionales del espectro empresarial y profesional para su prestación, porque Estado somos todos.

El Estado, asumiendo el gasto que en términos económicos está más próximo a un coste, retornará en forma de beneficio con la satisfacción del ciudadano, la optimización del servicio y la agilización de la administración. Sin olvidar, la mayor activación de los sectores económicos en competencia abierta, y al encauzamiento de otras inversiones y demandas ciudadanas, presentes y futuras, de otro modo inviables o inciertas.

Los prestatarios de estos servicios llamemoslés de Garantía Estatal y en libre concurrencia, bajo supervisión de los organismos nacionales y autonómicos que velarán por su justo y optimo cumplimiento, incluyen, como es el caso de las concertaciones o concesiones; Sanitarias, infraestructurales, o educativas, toda una serie de servicios complementarios o ajenos y siempre voluntarios al usuario, que como no puede ser de otra manera; Mejoran, justifican, actualizan y en definitiva rentabilizan la inversión y disposición a asumir dichas prestaciones primigenias.

Su mejor regularización, desde una legislación estatal, apoyada en los preceptos constitucionales vigentes, permitiría  reordenar el marco de su aplicación, e incluso, incluyendo preceptos novedosos y audaces, recuperar si no competencias trasferidas, sí directrices en su la disposición, concesión, aplicación y homogeneización, incidiendo en la normalización de procedimientos y contenidos así como de garantías y derechos.

Desfuncionarizar determinados servicios y desempeños profesionales, no supone un retroceso en la alcanzada “Garantía de Bienestar” actual, más bien su racionalización y en términos económicos, capacitar al Estado y a las autonomías de mayor eficiencia, calidad y dinamismo para mantener, sufragar y fomentar dichos servicios.

Sanidad, educación, infraestructuras, administrativos, transportes, son buenos ejemplos para ello.